La limosna, un recurso inútil para resolver el problema de la pobreza
Tras la llamada del obispo de Bilbao a no fomentar la mendicidad, las ONG recuerdan que es más efectivo canalizar esa ayuda económica en forma de donaciones
La mendicidad se ha convertido hasta tal punto en el paisaje habitual de las grandes ciudades que su erradicación es la obsesión de muchos de sus alcaldes. Ciudades como Barcelona, Alicante, Valladolid, Oviedo, Cartagena o Sevilla disponen hace varios años de ordenanzas municipales que restringen en mayor o menor medida esta actividad, sobre todo, cuando detrás de estas personas se encuentran organizaciones criminales que aprovechan esta imagen de pobreza y exclusión social para la coacción y el hurto.
Esta manipulación interesada de la indigencia es la que sufren a diario los fieles a las puertas de algunas parroquias del barrio de Indautxu en Bilbao. Ante el desasosiego de los vecinos que acuden a misa, los párrocos decidieron el pasado domingo leer una nota en la que pedían a los feligreses que «no se fomentara la mendicidad dando limosna a las personas que están en las puertas de los templos». El comunicado, que ha levantado cierta polémica sobre la posición de la diócesis de Bilbao ante esta costumbre, recuerda que la Iglesia «tiene otras formas de resolver situaciones de pobreza y, por lo tanto, se pueden canalizar las aportaciones económicas de manera más efectiva» a través de Cáritas.
Una moneda arregla poco
El director del Secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Fuente Alcántara, explica que la nota «puede extrañar» pero la visión de las instituciones que trabajan a pie de calle es que «el problema que tienen estas personas no se resuelve con una moneda». «Como mucho puede salvarles el día y no más. Por eso cuanto más se acerquen estas personas a servicios organizados mucho mejor y por muchas razones».
Opinión muy similar tiene Darío Pérez, responsable del Samur Social, el servicio social de atención municipal a las emergencias sociales en la ciudad de Madrid. «Hay que convertir las limosnas en donativos porque estos últimos construyen tejido social. Al derivar ese gesto de dar unas monedas hacia las organizaciones asistenciales, se consigue convertir una ayuda a la subsistencia en un impulso a la promoción personal. Solo las organizaciones que se dedican a estos colectivos tienen profesionales capacitados y preparados para ayudarles a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran».
El padre Fuente, cuya comisión trabaja mano a mano con organizaciones como Cáritas o Manos Unidas, señala que «la labor de Cáritas y de otras instituciones de la Iglesia es integral y va más allá de lo monetario». «Se acompaña a la persona en todas sus circunstancias porque muchas veces son las propias personas las que no quieren salir de la calle. Estas instituciones tratan la mendicidad de una manera más humana y más cristiana y con la esperanza de que puedan hacer otra vida», apunta.
Vivir en la calle
La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las «personas sin hogar», uno de los colectivos más afectados por la mendicidad, revela que un total de 22.938 personas fueron usuarias de centros asistenciales de alojamiento o restauración en 2012. El 45% de ellas se quedó sin hogar porque perdió el trabajo y el 20,9% por separación de su pareja. El 16,2% de las personas estaban casadas o tenían pareja; el 28,2% estaban separadas o divorciadas, el 51,7% solteras y el 3,9% viudas. La mitad de las personas sin hogar tiene hijos y la mayor parte son hombres (80,3%), con una edad media de 42,7 años. En cuanto a la nacionalidad, el 54,2% son españoles y el 45,8% extranjeros. Por lo que respecta a los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos (56,6%), seguido por los europeos (22,3%) y los americanos (15,2%).
A estas cifras estadísticas, hay que sumar la experiencia y la visión a pie de calle de los profesionales de la asistencia social. «Todas las personas que viven en la calle sobreviven con la mendicidad, pero no todos los mendigos viven en la calle. Hay gente que tiene vivienda, pero su situación económica es tan absolutamente precaria que se ven obligados a completar sus exiguos ingresos. Hemos conocido casos como el de una señora mayor que mendigaba en las calles, teniendo un piso porque su hijo drogadicto le quitaba su pensión para consumir y la abocaba a la mendicidad para poder comer. Y también a indigentes pidiendo en el tren con el reclamo de que no tenían dónde dormir, pero que cuando se les ha ofrecido una plaza en un albergue, han contestado que lo que querían era el dinero», concluye Darío Pérez.
Saber qué le pasa
Siguiendo la línea de la Conferencia Episcopal, Carmen Plaza, directora de Cáritas Salamanca y consejera de esta institución desde hace más de 25 años, explica que «el gesto de dar unas monedas y seguir con nuestro camino no responde al corazón del Evangelio porque la persona es algo más que su necesidad material». «Hay que entrar en contacto con las personas y saber qué les pasa para poder recomponer su dignidad. En ese contexto, la misma ayuda económica recobra una dignidad distinta para la persona. Eso es lo que dice el Evangelio porque la caridad también es justicia», apunta.
Erradicar la mendicidad es una tarea complicada a la vista de estos expertos. En algunas ciudades, como Sevilla, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal que prevé multas de hasta 750 euros para las personas que rebusquen en la basura. No es la única medida disuasoria. En la mayoría de las ciudades europeas, el mobiliario urbano -bancos o marquesinas con reposabrazos justo en medio del asiento, o directamente sillas individuales- impide que los «sin techo» puedan dormir en él. Además en algunos países cuentan con regulaciones que prohíben la circulación de los indigentes en zonas turísticas próximas a edificios históricos o patrimonio de la Humanidad, como en Noruega. «Las medidas coactivas como las multas no sirven», apunta el padre Fuente, quien sí se muestra a favor de perseguir las mafias organizadas en lugar de a los mendigos. «No vamos a cambiar la costumbre de la gente de dar unas monedas.
Por eso los mendigos se acercan a las iglesias. Porque saben que los fieles son más sensibles a esta realidad. A lo que hay que darle verdaderamente importancia es a las redes de mendicidad que manipulan, sobre todo, a niños y enfermos. Eso debería prohibirse», apunta el sacerdote, quien recuerda que las parroquias reorientan a los mendigos que se agolpan a sus puertas hacia los servicios de Cáritas.
A Darío Pérez, sin embargo, hablar de «mafias» le parece que no se ajusta estrictamente a la realidad de la calle. «Más que de mafias, yo hablaría de clanes familiares. En la miseria, hay poco negocio. Por eso no nos encontramos frente a potentes organizaciones criminales a nivel nacional sino más bien con grupos familiares, muy jerarquizados eso sí, en los que se explota o bien a miembros de la propia familia o a conocidos y amigos a los que se traen a España desde sus países de origen -hablamos principalmente de gitanos rumanos- y a los que una vez aquí se obliga a mendigar en las calles para pagar la deuda contraída».
El último ejemplo de redes de mendicidad se dio en abril de 2014. En El Ferrol, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía nacional desarticuló una banda de 20 ciudadanos rumanos que explotaba a compatriotas de entre 13 y 17 años. Los miembros del clan habían traído a España a cinco menores captadas en su país de origen con la promesa de casarse con varones de su familia y trabajar aquí. Para ello, en Rumanía engañaban a las familias de las menores siguiendo el ritual gitano de petición de mano de las niñas para ganarse la confianza de los progenitores. Pero una vez en España, las menores eran convertidas en esclavas para las «familias de acogida». Se les obligaba a ocuparse de la casa y de los niños y a dedicar 8 horas diarias a la mendicidad en las calles, bajo durísimas condiciones porque así, pensaban los miembros del clan, darían más pena y obtendrían más limosnas. En otros casos, pagaban a las familias de las niñas entre hasta seis mil euros por traerlas a España. Tres de las menores liberadas habían dado a luz recientemente y eran amenazadas con vender a sus bebés si no obtenían más dinero.
Fuente: abc.es